Como anticipó vigoalminuto hace unos días, nadie ha pagado por la catástrofe del ‘Prestige’. Ni el capitán, ni el jefe de máquinas del petrolero, ni los responsables de la Marina Mercante, los cargos de la Xunta o el Gobierno, tienen responsabilidad penal alguna en un suceso que supuso la mayor tragedia medioambiental europea hasta la fecha…ninguno de ellos parece que haya tenido algo que ver con el vertido de 63.000 toneladas de petróleo que acabaron en el mar, ni con la marea negra posterior –que además de las costas de Galicia llegó a las de Asturias, Cantabria y Francia- con los ‘hilillos de plastilina’, con la decisión de alejar el buque, con mentiras tales como “las playas están esplendorosas”, mientras centenares de personas sacaban el chapapote con sus manos, con el incumplimiento del famoso ‘Plan Galicia’ o con ideas tan peregrinas como bombardear el barco…nadie tiene la culpa de nada.
Tras 11 años de instrucción del sumario y varios meses de juicio, la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto tanto al capitán del ‘Prestige’, Apostolos Mangouras, al jefe de máquinas del buque y al ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, por los delitos contra el medioambiente de los que eran acusados, mientras que únicamente Mangouras ha sido condenado a 9 meses de prisión por un delito de “desobediencia grave”, pena que no cumplirá en ningún caso dado que la Fiscalía ya ha anunciado que no solicitará- tampoco lo haría aunque hubiese sido condenado por delito medioambiental- la ejecución de la sentencia.
En su fallo, hecho público este miércoles- coincidiendo con el undécimo aniversario del siniestro marítimo -ocurrido exactamente el 13 de noviembre de 2002 –el tribunal que durante nueve meses juzgó la catástrofe, ha absuelto de todos los delitos por los que eran procesados al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos y a López Sors.
El presidente de la Sala, José Luis Pía, que ha leído ha sido el encargado de leer la sentencia, en gallego, para decir que la decisión del Gobierno de alejar el barco-pese a ser avisado de que iba a partirse y que ello causaría la marea negra- fue correcta – “la Administración española”, el Gobierno, gestionó de forma “aceptable” la crisis -; también exime de responsabilidad a la armadora del buque -sus responsables desconocían las deficiencias que el barco tenía en el momento del desastre-; tampoco aprecia “instrucciones ilegales” ni un ánimo de lucro desmedido en la empresa propietaria que solo aprobó “navegación arriesgada que no puede calificarse de imprudente” y, por eximir de responsabilidades, hasta lo hace con el propio petrolero, admitiendo que había “deficiencias en el barco”, algunas derivadas de reparaciones irregulares, aunque “todos los informes técnicos realizados a posteriori, son elusivos e imprecisos”, concluyendo que en la última inspección se realizaron reformas importantes en el barco y que las deficiencias de mantenimiento y control, “la deficiente conservación del buque”, tuvieron más relevancia en sus condiciones.
Por si ello no fuese suficiente – pese a dar como hechos probados que se vertieron 63000 toneladas de fuel al mar, que se vieron afectados 3.000 kilómetros de costa y que 1.137 playas resultaron contaminadas – condena a la aseguradora del barco a pagar 22 millones de euros – hay que recordar que la Fiscalía reclamaba 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra.
