Aunque su implantación no comienza hasta el curso 2014-2015, cuando lo hará para Primaria y Formación Profesional Básica. José Ignacio Wert, explicó el pasado 28 de noviembre en el Congreso, cuando la ley quedó definitivamente aprobada, que en ese momento empezaba su desarrollo normativo.
La ‘Ley Wert’ señala en su preámbulo que el alumnado es “el centro y la razón de ser de la educación” y que el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a “formar personas autónomas, críticas y con pensamiento propio”. En Educación Secundaria la reforma educativa comenzará a aplicarse para los cursos primero y tercero en 2015-16, y para segundo y cuarto en 2016-17. En Bachillerato, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se aplicará para el primer curso en 2015-2016, y para el segundo en 2016-2017.
La reforma fija que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza y que las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable. Y para dar respuesta a las familias que quieren que sus hijos estudien en castellano en comunidades con lengua propia, la ‘Ley Wert’ dicta que el Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de los alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en centros públicos o concertados, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.
En cuanto a los centros que diferencian por sexo y que solicitan conciertos, la Lomce incluye una disposición transitoria que resarce a aquellos a los que se les denegó en 2013 -la ley establece que se solicitan para un plazo de cuatro años – y podrán pedirlo a partir del próximo mes de marzo.
“Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán volver a solicitarlo para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor de la Lomce”.
Por otra parte, la ley establece que los miembros del equipo directivo del centro y los profesores serán considerados “autoridad pública” o que el consejo escolar del centro tendrán funciones esencialmente consultivas.
El último curso de la enseñanza obligatoria tendrá dos opciones de iniciación: al bachillerato y a la FP. Estos itinerarios se adelantan así a tercero de ESO a través de optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en cuarto. Se unifican en tres las modalidades del bachillerato: Artes, Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. El texto inicial proponía cuatro, separando las Humanidades y las Ciencias Sociales.
La asignatura de Religión-católica, por supuesto- y su alternativa —Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en Secundaria— serán evaluables y la nota contará para la media del curso, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas. Los alumnos no habrán de examinarse de ellas en la prueba final de etapa que hay que superar para poder titularse en ESO. La nota final de ese ciclo no obstante se obtendrá entre la media de las calificaciones de las materias cursadas (70% de valor) y el resultado de esa evaluación externa final (30%). Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede, se podrán cursar como optativas desde Primaria. En bachillerato, la Religión será optativa y no tendrá alternativa.
Los alumnos con más de dos suspensos no podrán pasar de curso y tampoco podrán hacerlo si las asignaturas suspensas son lengua o lengua cooficial y matemáticas.
Los alumnos deberán someterse a evaluaciones al final de cada etapa. Las pruebas de Primaria se realizarán en tercero y sexto y a nivel nacional el examen será competencia de las comunidades.
La evaluación externa al término de ESO —una para cada opción de iniciación— y la que se impondrá al final del bachillerato serán asunto del ministerio porque servirán para la obtención del título. La evaluación final servirá para obtener el título de bachiller, que facultará para acceder a la educación universitaria, aunque las universidades pueden convocar, además, pruebas específicas. En esa evaluación final del bachillerato, solo se tendrán en cuenta las asignaturas troncales generales y, de las opcionales, aquellas cursadas en segundo cuando se hayan impartido también en primero. En FP superior, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, siempre que la demanda de plazas supere la oferta, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente. Así ha quedado decidido tras una modificación planteada por el PP en la Cámara alta.
La selectividad se mantiene para los alumnos que quieran acceder a la universidad antes del curso 2017-18.
