La presión de la PAH consigue que una mujer con tres hijos, que vive en Vigo e iba a ser desahuciada, pueda disponer de una casa

Decenas de personas, convocadas por la Plataforma de afectados por las Hipotecas (PAH) se han manifestado este lunes ante la delegación de la Xunta en Vigo para reclamar una vivienda para Remedios Pérez, madre de tres hijos de 13, 15 y 17 años que, hasta ahora vivía en una casa de Sárdoma, y que tendrá que dejar la misma tras estar a punto de acabar el plazo de 5 años, establecido por el Plan Aluga, para víctimas de violencia machista.

A la misma hora en que se desarrollaba la manifestación, Remedios estaba en la Dirección de Vivienda, en Pontevedra, donde, según los portavoces de la PAH, fue recibida tras “varios portazos en las narices, cuando han visto que hacíamos presión en la calle”.

Y es que, según asegura, esta mujer, que gana 423 € al mes, hace meses que busca la ayuda de diferentes administraciones, “pero sin resultado”…hasta hoy. La alternativa que la ha dado la Xunta es una casa en Silleda. Carlota Pérez, portavoz de la PAH, ha indicado que no hay posibilidad de que el plazo del Plan Aluga se prorrogue por más tiempo, eso sí, la asociación se entrevistará con el propietario de la vivienda en la que viven Remedios y sus tres hijos para que le permita quedarse hasta que termine el curso escolar, en junio.

La portavoz de la PAH de Vigo ha adelantado que el de Remedios no es un caso aislado en Vigo entre quienes se acogieron al Plan Aluga: en la ciudad hay, al menos, dos más, una anciana de 80 años y otra mujer con varios hijos a su cargo.

Por ello la Plataforma de afectados por la Hipoteca ha exigido durante su concentración ante la Xunta – lo mismo que hizo cuando defendió el caso de Analía, que tuvo que dejar su piso en Pizarro-, entre ellas la expropiación de viviendas vacías, la disposición de aquellas integradas en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria –la popular Sareb– y la creación de un ‘banco’ o un ‘parque’ público de viviendas que garantice el derecho constitucional a tener un lugar digno don

de vivir.