España es, con mucha diferencia, el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde más han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres con la crisis, a causa sobre todo del desempleo y de que “el sistema de protección social ha dado una peor cobertura a los menos protegidos” en medio de un mercado laboral muy segmentado.
Entre 2007 y 2010 los ingresos del 10 % de la población española más pobre cayeron de media anual un 14 %, mientras que en ninguno de los otros 34 países integrantes de este organismo bajaron más del 10 % y sólo cayeron más del 5 % en México, Grecia, Irlanda, Estonia e Italia, según el informe “Panorama de la sociedad” publicado este martes.
El porcentaje de población pobre -con un ingreso inferior al 50% de la media- aumentó entre 2007 y 2010 algo menos de dos puntos porcentuales -un umbral que sólo superó Turquía- hasta el 15,4%. La pobreza ascendió sobre todo entre los jóvenes de 18 a 25 años, en concreto cinco puntos porcentuales, mientras que bajó en ocho puntos para los mayores de 65 años por la protección de las pensiones para este último colectivo. Los autores del estudio vincularon la ampliación de la brecha social en primer lugar a la escalada del paro -España explica el 55% del aumento del desempleo de toda la eurozona entre 2007 y 2013-, pero también a que quienes más perdieron su empleo, por el tipo de contrato que tenían, ha sido el colectivo al que con más deficiencias cubría el sistema de protección social.
Para la organización, y puesto que “resulta altamente improbable” que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social del país, “la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos”.
En concreto, mientras el Fondo Monetario y la Comisión Europea- con el comisario Renh al frente- dicen que hay que recortar en prestaciones sociales, flexibilizar aún más el mercado laboral, contener el gasto sanitario y educativo, apostar por pensiones privadas, facilitar el despido, recortar los sueldos o reducir las cotizaciones sociales, la OCDE subraya que “deben ser fortalecidas urgentemente” las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y para las familias de trabajadores pobres. La OCDE apuesta, para financiar esas prestaciones, por acabar con el IVA reducido o nulo para muchos productos a los que se aplica con argumentos de política social, ya que esas reglas especiales cuestan mucho al fisco pero no benefician de forma selectiva a los más desfavorecidos, a los que habría que favorecer la readaptación profesional.
