El movimiento 22M ha denunciado que la Guardia Civil ha retenido unos 100 autobuses de las ‘Marchas por la dignidad’ que se dirigen a Madrid y ha recalcado que más de 30 autobuses han estado parados entre una y tres horas en la A-6.
Según denuncia el movimiento en un comunicado, los controles policiales están siendo generalizados en todas las autovías y carreteras principales, existiendo autobuses parados en 14 provincias. El 22M responsabiliza al Gobierno de cualquier alteración del horario previsto por la organización debido a los retrasos que están causando los “abusivos controles policiales”.
El objetivo que persigue el Gobierno es, según ha criticado el movimiento, “impedir el acceso de decenas de miles de ciudadanos a la capital para ejercer sus derecho de reunión y manifestación”. Con esta actitud, continúa el comunicado, “el Gobierno quiere convertir una protesta cívica y democrática de carácter masivo en un caos incontrolable difícil de regular”.
Para el 22M, el Gobierno está incumpliendo los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones mantenidas, en las que las autoridades se comprometieron a respetar escrupulosamente los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los convenios internacionales suscritos por España.
