El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a tres antiguos empleados de la empresa de construcción Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo las obras de reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, tras constatar que, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, la formación pagó una parte de los trabajos con dinero negro.
Ruz ha acordado estas citaciones tras recibir un informe de la UDEF que acredita que parte de las obras y los honorarios del arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió la remodelación de Génova entre los años 2005 y 2011, fueron sufragadas “con fondos ajenos al circuito económico financiero”, correspondientes a la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta constaban salidas correspondientes a 2008 identificadas con Urquijo por valor de 888.000 €.
El juez destaca que a partir de este informe se puede deducir “a nivel indiciario y con mayor fundamento” que en noviembre de 2013, cuando ya avanzó esta conclusión, que “en el seno del PP existía una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”.
Ruz, que investiga en una pieza separada del ‘caso Gürtel’ la supuesta contabilidad B del PP, interrogará como imputados el próximo 7 de mayo a Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra; y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008. También tomará declaración ese mismo día como testigos al ex jefe de Seguridad del PP y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente; al cajero de la formación Luis Molero; y las también empleadas de la constructora Ester D’Opazo y Noelia Fernández.
