Para ello está reclamando, “de manera encubierta, paulatina…poco a poco, sin hacer ruido”, el pago de cantidades que oscilan entre los 7.000 y los 22.000 €- por jubilado- en concepto de lo que se califica como ‘retrasos’ en el pago de impuestos, multas y los correspondientes “intereses de demora, que son mucho más altos que los intereses normales”.
Estos son parte de los argumentos que sustentan la denuncia que la europarlamentaria del BNG, Ana Miranda, presentará ante el Parlamento Europeo y que, según ha subrayado este jueves en Vigo, “esta actuación del Gobierno vulnera el derecho a la igualdad y constituye una clara discriminación hacia un colectivo de ciudadanos por el simple hecho de ser emigrantes”.
Estas reclamaciones afectan a un total de 250.000 emigrantes gallegos retornados a los que Hacienda ha enviado cartas advirtiéndoles que deben de hacer frente a pagos por las declaraciones que, según las autoridades fiscales, debían de haber presentado en los pasados cuatro años ello pese a que “siempre que preguntamos, tanto aquí como en los consulados y negociados de España en los países en los que trabajábamos se nos dijo que no teníamos que presentar”.
Esgrimen como prueba de ello, no solo documentos de la propia administración tributaria sino el hecho de que la delegada especial de la Agencia Tributaria en A Coruña les adelantó, en una reunión reciente, que los nuevos impresos para presentar el IRPF incorporarán una casilla específica para emigrantes retornados, “lo cual significa que la misma no existía hasta ahora por lo que no había obligación de tributar”.
La situación de estas personas, muchas de las cuales han estado trabajando fuera durante 30, 35 y 40 años se agrava por dos circunstancias, la primera por el hecho de que hay una “importante cantidad de nosotros que, además, hemos visto como nuestros ahorros se quedaban atrapados en Participaciones Preferentes”, por lo cual no pueden disponer de su dinero- o de la totalidad del mismo- y, segundo, porque la mayoría de los emigrantes retornados viven en zonas rurales, lo cual dificulta su acceso a información y asesoramiento y el traslado a las delegaciones de Hacienda.
Por todos estos motivos, sumados al hecho de que “el Gobierno no da el mismo trato a los grandes defraudadores, pese a que tiene datos de que la mayor bolsa de fraude, alrededor de 42.000 millones, procede de grandes empresas y grandes fortunas”, y que esta “persecución” de los emigrantes retornados se aprobó con anterioridad a la amnistía fiscal impulsada por el ministro Montoro para quienes quisiesen regularizar el dinero ingresado ‘en negro’, además de esta denuncia, está convocada una manifestación este sábado, día 10, en la Praza de Ourense de Pontevedra (11 y media de la mañana).
