Este martes vigoalminuto publicaba que la Agencia Tributaria (AEAT) destinaba el 75% de su personal de Inspección a ‘perseguir’ a PYMES, trabajadores y jubilados y hoy, en el Congreso esta afirmación ha sido admitida por el propio ministro de Hacienda.
Cristóbal Montoro ha confirmado que se han abierto 27.696 inspecciones a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero, eso sí, el ministro ha asegurado que “no se les está tratando como defraudadores” y que se está estudiando “caso a caso” para evitar perjuicios innecesarios sobre su patrimonio.
Durante la sesión de control al Gobierno, Montoro ha señalado que el porcentaje de inspecciones que afectan a este colectivo “es realmente pequeño” en relación con las 800.000 actuaciones totales iniciadas por la Agencia el año pasado, y que se realiza un “examen individual de cada expediente” para tener en cuenta las “circunstancias personales y familiares” de cada ciudadano, tales como la edad, los descendientes a su cargo o la existencia de algún tipo de discapacidad.
El ministro, que no ha querido referirse al hecho de que a estas personas la propia Agencia Tributaria siempre les indicó que no debían de declarar, sí ha intentado sacarle gravedad a las medidas adoptadas repitiendo que se aplican medidas de aplazamiento o fraccionamiento del pago “siempre que es posible, para perjudicar la situación patrimonial de los afectados”.
Montoro ha contestado que se conceden “aplazamientos automáticos sin necesidad de garantías” a quienes tienen una deuda inferior a los 18.000 € y que más de 3.800 personas afectadas por autodeclaraciones extemporáneas derivadas de un requerimiento se han beneficiado de aplazamientos por valor de 5,21 millones de euros, afirmación que ha sido inmediatamente desmentida por varios de los propios reclamados, quienes han asegurado a esta redacción que los aplazamientos que se han concedido no son automáticos y que tampoco se han rebajado ni las multas ni los intereses que genera esa supuesta deuda con Hacienda.
Hay que recordar que en Galicia, emigrantes retornados afectados a los que Hacienda reclama cantidades por estas pensiones han constituido plataformas y cifran en unos 250.000 los afectados por estos casos. Dichas plataformas recuerdan que mientras que a “quienes hemos trabajado fuera 30, 35 o 40 años se nos está persiguiendo, el Gobierno ha permitido que 30.000 defraudadores pudiesen acogerse, en 2012, a una amnistía fiscal de la que se han beneficiado personas con enormes patrimonios sin que se les preguntase de dónde habían salido…lo que nosotros tenemos sí se sabe de dónde viene: de nuestro trabajo”.
