En este país la dación en pago no se admite para una familia a la que la crisis ha dejado sin ingresos para hacer frente a la hipoteca, pero sí para los directivos de los bancos que han estafado a las entidades para las que trabajaban y a los clientes de las mismas.
¿La prueba? Más bien son ‘las pruebas’ y se llaman Ricard Pagés, ex director general de Caixa Penedés, y los ex directivos de la misma Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas que no irán a la cárcel pese a que el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia ha considerado que se autoconcedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas “mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja” y anteponiendo sus intereses personales a los sociales.
Sin embargo, su señoría ha tenido en cuenta que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su culpabilidad, por ello los ha condenado a condenado a dos años- en el caso de Pagés- y a uno a los otros 3- por lo cual, dado que carecen de antecedentes, no irán a prisión.
Por si hubiese alguna duda de que una cosa es la justicia y otra la ley y aún más claro qué intereses defiende la Fiscalía- que al ser el ‘ministerio público’ debe velar por el bien común- pese a que el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pedía penas de hasta tres años y medio de prisión, finalmente no recurrirá la sentencia, por lo cual estos ‘honrados administradores’– que hasta se han permitido el cinismo de defender la legalidad de las pensiones millonarias diciendo que estaban fijadas por contrato y decir que se contrataron pólizas de seguros para evitar que se les “discriminara” con respecto al resto de trabajadores- no pisarán la cárcel y les llegará con devolver lo que cobraron de más…¿esto mismo podría hacerlo aquella familia a la que le han quitado su casa y que tiene que seguir pagándole al banco la hipoteca? Pues eso.
