Según desvela este domingo El País, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tiene indicios de falsedad documental, estafa, fraude, apropiación indebida y delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda pública en 17 empresas malagueñas y los investigadores rastrean si hubo cohecho y malversación de caudales públicos por parte de funcionarios.
La ‘Operación Edu’ se centra en 20 empresas de cursos de formación que recibieron 1,7 millones de euros de la Junta de Andalucía y ya ha trascendido que hay irregularidades en 17 de ellas que, además de insolventes, no colocaban a parado alguno, como aseguraban en sus propuestas para optar a cursos de formación.
Alguna de esas empresas llegó a cobrar más de medio millón de euros, aunque el dato más revelador es que entre las subvenciones otorgadas en 2011 hay una persona que recibió 14.671.381 € a través de varias sociedades y entidades vinculadas a él. Se sospecha que esa persona es un antiguo consejero del gobierno de Andalucía, aunque el fiscal no quiere revelar aún su nombre dado que la investigación sigue adelante.
En ella se ha acreditado que no se ha encontrado una sola acta de inspección, informes de seguimiento o evaluación de los cursos- un trámite para el que las empresas tienen 3 meses y que en 2013 no se había cumplido pese a que las subvenciones para los cursos se dieron en 2011– algo que debería de haber exigido el órgano supervisor de los mismos que no es otro que la Junta de Andalucía.
