Los datos los ha recabado el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, de acuerdo con los mismos, desde 2007 se ha duplicado el número de familias que recibían la llamada renta básica de reinserción– cantidad destinada a aquellos hogares donde no entra ingreso alguno-.
Los datos no dejan lugar a la duda: en 2007, un total de 103.071 familias recibían esta renta para evitar su exclusión al no poder afrontar, siquiera, los gastos más básicos cubrir sus gastos más apremiantes, en 2012- último año del que hay referencia- eran 217.358.
¿Qué se ha hecho en estos años?...pues la realidad es que desde 2011 estas ayudas han estado bajo la tijera de los recortes, para lo cual, dependiendo de la comunidad en la que vivan las personas que la perciben- o que la solicitan- se han ‘endurecido’ los requisitos para que puedan acceder a ella, se ha congelado o reducido su cuantía o se ha recortado, también, su duración.
¿Consecuencias?…pues que el sistema cubre a algo más de 200.000 familias cuando la realidad es que debería llegar a 800.000 que son las que están en esta situación, y que la cobertura es mejor o peor, en duración y, sobre todo, en cuantía dependiendo del lugar del Estado en el que residan las personas que lo necesitan: mientras en Murcia la media de esta renta básica es de 300 €, en Navarra es de 640.
Además de ello, los gobiernos de dichas comunidades dejan claro quién gobierna en ellos y, sobre todos, cuáles son las prioridades que tiene a la hora de auxiliar a la población que está en grave riesgo de exclusión: así, en ‘soberano’ Artur Mas, tapa con su discurso independentista la realidad de su gestión puesto que la cantidad que destina a las rentas básicas apenas llega al 0,5% del presupuesto total de la Generalitat, unas 10 veces menos que el Euskadi o, la partida destinada por el gobierno de Asturias triplica, en términos absolutos, a aprobada por los gobiernos de Castilla-León y Galicia o es 16 veces mayor que la de Castilla-La Mancha.