Del periodo de 2005 al 2011, decenas de presidiarias han padecido operaciones quirúrgicas de ligadura de trompas sin su consentimiento previo. El proceso delictivo tuvo lugar en varios centros penitenciarios de California, según informan fuentes encargadas de la Auditoría del estado.
En una veintena de ocasiones, los médicos no confirmaron la aprobación de la esterilización por parte de las mujeres; y en el restante de los sucesos (18) el plazo de cambio de opinión de las pacientes, que consta de 30 a 180 días fue ignorado por el personal médico, mintiendo en los tiempos otorgados.
El documento indica que el número de afectadas podría elevarse a 150 víctimas, en determinadas circunstancias presionadas por las autoridades penitenciarias de las cuatro cárceles inmersas en la polémica: California Central, Folsom, la Institución para Mujeres de California y la Prisión Estatal del Valle.
