Afectados por la compra de Preferentes del Baixo Miño presentaron 12 demandas, este viernes, en el Juzgado de Pontevedra para iniciar otros tantos procesos contencioso- administrativos contra las multas que se les pusieron por manifestarse.
Entre ellas están una mujer de más de 80 años, Domitila, que necesita un andador o bastones para caminar y que fe denunciada por resistencia a la autoridad o por “saltarse dos veces un cordón policial”; Encarnación, de 74 años, que con apenas 1,40 m de estatura fue denunciada por ser un riesgo para la seguridad, o Fernando, que padece cáncer, al que se le multa por usar una silla para sentarse.
Para poder interponer estas demandas, según el portavoz de los afectados, estos tuvieron que pagar 2.412 € de tasas judiciales, para juicios que está previsto, según indicó que se celebren en mayo, una situación que, enfatizó “se acabaría si los representantes del PP retirasen las multas y sus concellerios tuviesen conciencia social y dejasen de ser cómplices de todo esto”.
