El juzgado de instrucción número 52 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Coordinadora 25-S contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, por prohibir la exhibición de símbolos republicanos durante los actos de proclamación de Felipe VI.
El auto del citado juzgado facilitado por la propia coordinadora y fechado en el 10 de octubre de 2014 señala en sus fundamentos jurídicos que los hechos denunciados por la plataforma pueden ser “constitutivos de delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas, los derechos individuales y detención ilegal”, por lo que se incoan diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos.
La jueza ha acordado pedir a la Dirección General de la Policía que remita el informe de la Abogacía del Estado en el que “se dan instrucciones sobre cómo han de actuar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación al desarrollo de los acontecimientos referentes a la abdicación de Juan Carlos I de Borbón y la proclamación de Felipe VI”. Asimismo, solicita al Ayuntamiento de Madrid el bando de la alcaldesa, Ana Botella, en relación con la abdicación.
En el texto los querellantes subrayan que la Dirección General de la Policía acordó “la prohibición de toda expresión pública, individual y colectiva de signo republicano o antimonárquico, especialmente en el centro de Madrid, y dio orden a los agentes de que “actuaran en consecuencia”. Según la querella, en los días previos a la proclamación de Felipe VI la Policía retiró simbología republicana de algunos balcones y se prohibieron manifestaciones convocadas para ese día por la Coordinadora.
