La Fiscalía ya tiene una respuesta a la exposición razonada que Mercedes Alaya, la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía trasladó a mediados del pasado agosto al Tribunal Supremo, en la que se detallan los indicios delictivos existentes contra nueve cargos aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar se reunieron el lunes en la Fiscalía General del Estado con los fiscales de sala del Supremo, sus superiores jerárquicos, para informarles de sus respectivos escritos.
El Ministerio Público solo sería partidario de que el Tribunal Supremo investigara a los aforados que le competen, es decir, a José Antonio Griñán en su condición de senador, y a Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su condición de diputados. Los otros cinco aforados (Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y María del Mar Moreno) son parlamentarios autonómicos y la competencia en estos casos correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El escrito que la juez Alaya remitió al Supremo abarca unas quinientas páginas. El Supremo tendrá que responder a una pregunta crucial que ha sobrevolado el caso durante la última fase de la instrucción, que se ha prolongado a lo largo de tres años y medio: si Griñán y Chaves fueron conocedores o partícipes de la implantación y el mantenimiento durante más de diez años (2000-2010) de un sistema arbitrario de ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresas.
