La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este martes, solo con el voto favorable del PP, el proyecto de ley de seguridad ciudadana- popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’-, al que se ha opuesto la oposición en bloque, cuyos portavoces han expresado su voluntad de derogarla si llegaran al Gobierno y de recurrirla por inconstitucional.
Después de tres sesiones de ponencia, en las que se han incluido algunas enmiendas del PP y de otros grupos, el dictamen ha sido aprobado por 23 votos a favor y 16 en contra y se debatirá en el pleno de la Cámara Baja previsiblemente el día 11 de diciembre.
El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana impulsado por el ministro de Interior, Jorge Fernández, ha sido calificado por medios como el británico The Guardian como “un ataque a la democracia real”.
Hay que recordar que el pasado 7 de julio el Consejo de Ministros aprobó la consecución de este proyecto de Ley, que tiene algunos supuestos de nueva redacción y que ha estado sometido a sucesivas enmiendas desde que se anunciara el pasado 29 de noviembre de 2013.
De entre los ‘comportamientos’ más duramente sancionados, con multas de entre 30.001 a 600.000 €, se han eliminado tres y se han matizado dos: desaparece la falta por “perturbación muy grave de la seguridad en actos públicos”, entre ellos “oficios religiosos” y también se ha retirado la convocatoria de concentraciones con “finalidad coactiva” durante la jornada de reflexión y la sanción de la comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años. Además, se suprime la participación en “alteraciones de la seguridad ciudadana con la cara tapada”, que será considerado un agravente cuando se trate de imponer una sanción administrativa.
En el ámbito de las manifestaciones – hay que recordar que la Constitución establece en su artículo 21, “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”- si las mismas se hacen frente a las puertas del Congreso o del Senado– artículo 66, “Las Cortes Generales representan al pueblo español…”- se mantiene entre las infracciones graves..aún más, este precepto abarca a los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.
Una de las medidas más polémicas, sin duda, es la que modifica la actual Ley de Extranjería: entre las enmiendas introducidas a esta Ley, el PP añadió una disposición transitoria que legaliza la figura del ‘rechazo en frontera’-lo que viene siendo la ‘devolución en caliente’, contraria a las normas internacionales y de la propia Unión Europea- de inmigrantes de Ceuta y Melilla. Según la misma, serán devueltos aquellos inmigrantes que sean detectados en la “línea fronteriza” intentando saltar “en grupo” las vallas.
