El Congreso de los Diputados podría aprobar esta semana en la Comisión de Justicia, que ha empezado este jueves sus trabajos, una reforma del Código Penal que, según han denunciado distintas asociaciones, pone en peligro el derecho a la libertad de expresión, información y reunión pacífica.
La reforma propone la creación de nuevos delitos y aumenta las penas contra las personas que se manifiesten, incrementando las mismas si los desórdenes públicos se producen durante una manifestación. Además castiga con cárcel lo que se conoce como ‘resistencia pasiva’– por ejemplo hacer una sentada-, ocupar oficinas u organismos públicos abiertos al público “si perturba su funcionamiento normal”, de manera que es posible no solo criminalizar la participación en una protesta, sin causar daños o lesiones, sino que también lo sería apoyarla desde casa, sin llegar a estar en el lugar de la protesta, porque se castigará a quien difunda mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público o que refuercen la decisión de llevarlos a cabo.
Ello afectaría de manera directa a las movilizaciones impulsadas por movimientos y asociaciones ciudadanas como Stop Desahucios, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Afectados por las Hipotecas, las distintas ‘Mareas’, los Afectados por la Hepatitis C, por las Preferentes o quienes protesten contra los recortes en Sanidad o Educación.
A ello se suma que la conocida como ‘Ley Mordaza’ incorpora un como infracciones graves, sancionadas con multas de 601 a 30.000 €, “la perturbación grave de la seguridad ciudadana en las reuniones no comunicadas frente al Congreso, Senado o parlamentos autonómicos“; también tendrá la misma consideración “el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, sin menoscabo del derecho fundamental a la información”. Igualmente, incluye como infracciones leves sancionables con multas de 100 a 600 €, “la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público” o “las injurias o faltas de respeto y consideración dirigidas contras las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones”.
