Los peritos de la Agencia Tributaria que han trabajado a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ratificarán, este miércoles, los informes que indican que las obras en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, se pagaron con 1,71 millones de euros en negro.
El último informe de estos profesionales, que forman parte de la plantilla del Ministerio de Hacienda, sostiene que el estudio de arquitectura que renovó la sede del PP cometió cuatro delitos fiscales en las obras de remodelación de la sede, que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011.
La formación no habría cometido delito porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no afectaba en el momento de los hechos a los partidos políticos.
El organismo tributario confirmaba que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095,04 € que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica “con fondos ajenos al circuito económico legal”, según apuntó Ruz en un auto dictado en noviembre pasado.
La Agencia Tributaria llegaba a esta conclusión tras cotejar las dos certificaciones sobre estas obras que elaboró Unifica, una por el importe total de los trabajos y otra descontando los supuestos pagos en negro. Así, apuntaba que por los trabajos de 2006 el estudio tendría que abonar 332.295,30 € a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Teniendo en cuenta las anotaciones que el ex tesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162,04 €.
Ruz pidió el informe sobre las cuotas defraudadas por Unifica en noviembre pasado, tras dictar un auto en el que revelaba que el PP pagó otros 750.000 € con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, se habrían pagado en negro 1,71 millones en ‘B’.
Según el auto de noviembre, sólo una parte de estos fondos –184.000 €- “habrían tenido reflejo” en la contabilidad B que gestionaban los ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto –566.095,04 €– no aparecía en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, “otra parte”, según el magistrado, “habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar”, tras lo cual pudo aplicarse “un descuento”.
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, según señalaba el juez instructor.
