La Agencia Tributaria ha contestado al requerimiento efectuado por el juez Pablo Ruz, sobre la evaluación de las eventuales cuotas defraudadas por el Partido Popular en el Impuesto de Sociedades de 2008, por las donaciones ilegales recibidas que figuran anotadas en los ‘papeles de Bárcenas’, y que aquel año ascendieron a 1.050.000 €.
Según informa la Cadena SER, la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, la ONIF, dice que la cuota dejada de ingresar por la formación política ascendería a 220.167,04 €, lo que supera ampliamente el margen de 120.000 € a partir del cual se considera un delito fiscal. Eso por lo que corresponde a las donaciones ilegales. En el apartado de los donativos considerados legales, la cuota dejada de ingresar ese mismo ejercicio ascendería a 25.630,03 €.
La Agencia Tributaria-que depende del Ministerio de Hacienda, dirigido por Montoro- insiste en su informe en que este supuesto delito tendría lugar siempre teniendo en cuenta el criterio marcado por el juez Pablo Ruz. Para sus expertos, en este caso, jamás habría delito porque el Partido Popular está blindado por la ley de partidos y no tenía por qué tributar las donaciones, por oscuro que sea su origen, siempre que sean destinadas a los fines contemplados en su objeto social.
La Agencia ha contestado al juez Ruz-que dejará su puesto en un mes-a la segunda: en su primera contestación, la directora de la Oficina Antifraude, Margarita García-Valdecasas (hermana de la delegada del Gobierno en Catalunya y ministra de Administraciones Públicas con José María Aznar Julia García-Valdecasas) , contestó a Ruz que él no era quién para indicarle los criterios tributarios a aplicar, y que si no le gustaban, se buscara otros. El juez tildó de “infundado, contradictorio, deficiente, erróneo e improcedente”, su respuesta y le exigió la respuesta que se ha conocido este martes.
