Domitila Vicente Franco, de 82 años y con una rodilla afectada por la osteoporosis, lo que la obliga, hace años, a utilizar andador para caminar, se ha presentado este martes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra por “saltarse un cordón policial” durante una movilización de la Plataforma de Afectados por las Preferentes de Baixo Miño.
El 3 de julio del año 2013, Domitila fue multada por la Guardia Civil, por su presunta “conducta violenta” con uno de los agentes y “alteración del orden público”, con 200 € de sanción, “lo mismo que me costó el andador”.
Domitila afirma que, en aquella concentración en O Rosal, “sólo hice ruido, ¡¿cómo iba yo a saltar unas vallas para entrar en el Concello si voy con un andador?!”, además, aseguró, antes de entrar en la sala, “¡iba a defender lo que era mío, yo no pegué a nadie!”.
Además de Domitila, también ha sido acusado de “alterar el orden público”, Fernando Asensio, de 70 años, al que la Guardia Civil también denunció por tener un “comportamiento agresivo”, algo que Fernando ha negado. Aquel 3 de julio acudió a la movilización en contra del criterio de su médico, padecía un cáncer y en dos días iba a ser operado, lo que le obligaba a llevar un asiento para descansar cada pocos minutos.
Fernando, que emigró al Reino Unido, donde vivió 25 años comentó que se sentía triste por tener que pasar por el juzgado en su país, “nací durante la dictadura y me escapé…volví cuando volvió la democracia…pero viendo cosas como está me da la impresión de que estamos volviendo atrás”.
Domitila y Fernando no son los únicos multados, a ellos hay que sumar a Ana Belén Álvarez y su padre, Américo Álvarez –cuya familia acumula hasta 11 denuncias, 10 de ellas por un importe de 100 € cada uno y otra de 600 €- y Eugenio Domínguez, que han acudido a los juzgados de Pontevedra este martes.
En conjunto, los miembros de la Plataforma de Afectados por las Preferentes do Baixo Miño tienen pendientes de resolver más de 40 recursos que presentaron contra a otras tantas multas por protestar, concentrarse o manifestarse en la calle a lo largo de 2 años. Hasta la fecha han acudido a 18 juicios por sanciones, de los cuales ya hay 10 sentencias, 9 de ellas a su favor, otra en contra, quedando pendiente el resto.
Hoy mismo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra ha emitido tres sentencias, favorables a dos miembros de la Plataforma de Afectados por las Preferentes de Baixo Miño que habían sido multados con un total de 1.700 €, tras concentrarse ante el Concello de Tui, cuando no les permitieron asistir al pleno municipal en mayo de 2013.
