Desalojarla de su casa y darle un año de alquiler social. Eso es lo que ofrece Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI Santander) a una familia viguesa. Rosa, de 46 años, con un bebé de meses, que tuvo que dejar de pagar la hipoteca, avalada con la casa de su madre, tras quedarse sin trabajo, pueden verse en la calle.
Rosa está dispuesta a pagar lo que puede: 300 € al mes durante tres años, pero su oferta no ha tenido respuesta por parte de la entidad, por lo cual el procedimiento sigue su curso y podría quedarse en la calle.
Ante esta situación, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vigo-Tui-Baixo Miño, inició el martes una serie de protestas delante de la oficina de UCI Santander, en la rúa Colón, después de que en mayo pasado consiguiesen paralizar la subasta, después de que un juez pidiese revisar las cláusulas del crédito hipotecario, consideradas abusivas por el abogado de Rosa.
PAH advierte de que hay “indicios claros de estafa” en la concesión de hipotecas a personas sin solvencia económica o con trabajo precarios, “que supone que estas personas estén atadas al banco durante toda su vida”. Además, muchos de estos préstamos “tienen cláusulas ilegales, como ya han reflejado multitud de sentencias”, entre ellas el que tengan que hacer frente al pago de intereses tras las renegociaciones de los acuerdos.
