En este país, no solo nadie ha respondido por la muerte de 81 personas en Angrois el 24 de julio de 2013-no ha habido dimisiones, no hay más imputado que el maquinista, no se ha abierto comisión alguna de investigación y no se ha juzgado a nadie dos años después- sino que los responsables últimos de la construcción, conservación y funcionamiento de la línea férrea, han mejorado en sus carreras.
Uno de los más señalados por las víctimas, quien era en aquella fecha Secretario de Estado de Infraestruturas, Rafael Catalá, fue nombrado por el presidente del Gobierno, Ministro de Justicia, declaraba a la prensa, cinco días después de la tragedia, con decenas de heridos en los hospitales, “el accidente no es de la alta velocidad como algunos medios, muy errónea y dañinamente, han titulado”, y justificaba esta afirmación diciendo que “en Galicia el tren circula en ancho ibérico, que no es el ancho propio de la red de alta velocidad; el tren tampoco es el típico de alta velocidad; su sistema de seguridad y de señalización no es el propio de alta velocidad, sino que es el ASFA, propio de nuestra red, que por otra parte es un sistema magnífico, pero no específico de alta velocidad” y concluía, “es difícil decir esto a los pocos días de la tragedia, con 79 muertos: de acuerdo con datos estadísticos los sistemas son de una seguridad altísima”.
El presidente de Renfe, aquel entonces, Julio Gómez-Pomar fue nombrado por la ministra de Fomento Ana Pastor- que sigue en su puesto- para sustituir a Catalá como Secretario de Estado de Infraestruturas.
José Blanco, ministro de Fomento en el Gobierno Zapatero cuando se puso en marcha la línea férrea, dejó su puesto tras las Elecciones Generales de 2011. Siempre se ha negado a responder pregunta alguna sobre la tragedia y, como su partido, siempre ha votado ‘No’ a la creación de una comisión parlamentaria de investigación. Blanco fue propuesto por Alfredo Pérez Rubalcaba (ex secretario general del PSOE) como candidato en las Elecciones al Parlamento Europeo, en la actualidad es eurodiputado.
Pablo Vázquez, antiguo presidente de Ineco, una consultoría de transportes que fue la que aprobó la homologación del tren Alvia que resultó accidentado, fue nombrado presidente de Renfe en sustitución de Julio Gómez-Pomar, quien, a su vez, sucedió a Rafael Catalá, hoy ministro de Justicia, como secretario de Estado de Infraestructuras.
Quien era en aquella época presidente de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Gonzalo Ferré, continúa en su puesto. Quizá el de Ferré sea el caso más llamativo de falta de negación de la realidad y de falta de respeto: los peritos que investigan el accidente de Angrois coincidieron, unánimemente-incluyendo el nombrado por ADIF- en que la línea Santiago-Ourense, por la que circulaba el tren era de alta velocidad, sin embargo Ferré lo negó rotundamente.
Es más, en una comparecencia parlamentaria a principios de este año Ferré, que no ha sido elegido por los ciudadanos para nada, respondía así, a una diputada que le preguntaba sobre ello, “Me preguntaba la señora Rosana Pérez por qué Santiago-Ourense estaba dentro del ADIF y no estaba dentro del ADIF Alta Velocidad, pues es porque no es una línea de alta velocidad y está en el ADIF, que es donde están las líneas convencionales, las de alta velocidad están en ADIF Alta Velocidad. Es así y no hay más que decir”.
Gonzalo Ferre, no solo negaba todas las pruebas periciales de los expertos-incluyendo el suyo propio- sino la propia documentación interna de la empresa que preside, en la que se especifica que la línea Santiago-Ourense sí que figura como un trazado de alta velocidad. Hasta la fecha este señor no ha sido apartado de sus responsabilidades por quien puede hacerlo: Ana Pastor, ministra de Fomento.
Además de Pastor, siguen en sus puestos los actuales presidentes del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, y del de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ambos han votado en contra de la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento gallego. Tampoco ha habido cese o dimisión alguna dentro del Partido Socialista, que también ha rechazado que se investigue el accidente en sede parlamentaria.
