Mientras el Concello de Vigo ha comunicado oficialmente a la Subdelegación del Gobierno que ha decidido que no se abra el Mercadillo de A Bouza, en Coia, de este miércoles, en Porriño su alcaldesa ha asegurado este martes, durante un paseo por la feria que se celebra en su concello los martes, que no tiene intención alguna de suspenderlo.
Eva García de la Torre, que se ha entrevistado hoy mismo con el Subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, y los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha enfatizado que “no vamos a consentir que se impida trabajar a personas honradas que vienen aquí a ganarse la vida en paz”.
La alcaldesa ha reiterado que “aquí no hay disputa que valga entre clanes, esto es un caso de extorsión, como el de la Mafia siciliana donde alguien, con nombres y apellidos, le dice a los vendedores ambulantes que quieren hacer su trabajo: o pagas o no montas el puesto”.
García de la Torre ha subrayado que “no hay una ley paya y otra gitana, hay una sola ley, que es la que garantiza el funcionamiento del Estado de Derecho”. En base a ello ha pedido que se acabe con la “sensación de impunidad” que tienen algunas personas y ha criticado que esta situación no se haya visto en conjunto.
“No puede hablarse de que obligar a irse a 400 personas sea un hecho aislado, que los sucesos del mercadillo de Cangas sea otro hecho aislado y que pegar tiros en la VG-20 sea un hecho aislado más, no, no es así, hay que verlo en perspectiva y afrontar una situación causada por personas que conocemos todos”.
“Nosotros no vamos a suspender el mercadillo…esas personas no van a salirse con lo suya, así es como el gobierno local de Porriño quiere contribuir a que se respeten los derechos fundamentales de quienes quieren trabajar libremente y con tranquilidad”.
Con respecto a la reunión mantenida con el subdelegado y los responsables de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la alcaldesa ha comentado que “han puesto en marcha todas las medidas para proteger a los ciudadanos” y ha añadido que hay una investigación abierta en la que participan la Policía Judicial y la Nacional para asegurar que “quien incumple la ley lo pague”.
