El Parlamento de Dinamarca ha aprobado por mayoría absoluta, una modificación de la Ley de Extranjería, apoyada por el Partido Liberal, del primer ministro Lars Lokke Rasmussen, la derecha y la oposición mayoritaria, el Partido Socialdemócrata que, entre otras medidas, permite confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia así como limitar la reagrupación familiar en el país.
La propuesta final de esa normativa, conocida ya popularmente por los daneses como ‘ley de las joyas’, excluye objetos “de valor afectivo especial”, como las alianzas matrimoniales, y triplica hasta 10.000 coronas danesas -1.340€- el valor mínimo de otras pertenencias y de dinero en efectivo que pueden ser confiscadas a quienes lleguen a Dinamarca escapando de la guerra.
Uno de los argumentos que ha esgrimido el gobierno para impulsar esta reforma es un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) según el cual el coste fiscal de los refugiados en Dinamarca fue en 2015 equivalente al 0,47% de su Producto Interior Bruto (PIB), aunque desde la propia administración danesa se ha reconocido que lo requisado a los refugiados ni se acercará a una compensación siquiera simbólica de ese supuesto coste fiscal: las personas que llegan al país lo hacen prácticamente en la ruina dado lo que deben de pagar a las ‘mafias’ que les ayudan a salir de sus lugares de origen.
La realidad, diversos organismos de defensa de los derechos humanos denuncian que lo único que se busca es reducir el número de solicitantes de asilo, un objetivo al que, de acuerdo con el Consejo Danés para los Refugiados, se suma el hecho de empezar a construir ‘pueblos’ para refugiados fuera de las ciudades, para hacer Dinamarca lo menos atractiva posible para ellos. Todo ello no ha podido evitar la comparación con el nazismo, algo que ha revuelto las tripas de la sociedad danesa.
