Los desahucios en Vigo tienen nombre y apellidos. María Luisa Suárez o José Comedeiro son sólo las caras de dos familias más que se encuentran en la fase inicial de un proceso de desahucio y en esta ocasión no porque ellos no hubieran pagado un préstamo, si no porque avalaban con sus casas las hipotecas de sus hijos.
Es lo que le ha ocurrido a María Luisa Suárez, de 71 años, que acaba de recibir una carta del Banco Santander anunciándole que van a desahuciarla a ella y a su marido de 80 años por impago de la hipoteca de su hija, que también será desahuciada. La hija, de 54 años y con un hijo de 17, pidió junto a su marido una reagrupación de deuda encima de la hipoteca por un valor de 200.000 euros.
La separación de su pareja, trabajos temporales y enferma fueron el resto de ingredientes de un cóctel molotov que puede acabar con estas cuatro personas en la calle. María Luisa asegura que se siente engañada por el notario que “no me leyó la escritura completa y no me dijeron que el aval suponía que habían pedido los 200.000 euros encima de mi casa”. “Me ocultó la mitad de las cosas del contrato de hipoteca, me enteré cuando lo llevé a un abogado”, asegura. La hija y el marido habían pedido una carencia de un año para pagar solamente los intereses de la deuda, que ahora asciende a 280.000 euros, pero no pudieron renovarla y se puso en marcha la maquinaria para empezar el proceso de desahucio.
El caso de José Comedeiro es similar. A sus 74 años se enfrenta a la posibilidad de perder su casa tras avalar hace una década a su hija para que pudiera comprar un piso. “Le dijeron que a los cinco años se levantaba el aval, pero cuando pasado el tiempo fueron a preguntar les dijeron que el aval permanecía”, explica Rosa Villar, portavoz de la familia. Habían pedido una hipoteca de 200.000 euros y tras cinco años pagando los intereses la situación se torció: la hija, de 41 años, se separó y su exmarido no pagó su parte del préstamo firmado con UCI, ligado al Banco Santander. Ahora, separada, con trabajos temporales y con una hija de 18, podría perder su vivienda en Enrique Lorenzo y su padre la suya en Hispanidad.
En ambos casos, los abogados intentarán reclamar por la vía judicial alegando que se trata de hipotecas fraudulentas por contener cláusula suelo o cláusulas abusivas.
Más de 140 casos
No son los únicos casos. Por la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Vigo, en la que colaboran Abogados Novos con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo (Favec), ya han pasado 140 expedientes que se intentaron arreglar sin tener que llegar al juzgado. Entre ellos el de una mujer a la que en pocos meses se le acaban los dos años de alquiler social y tendrá que dejar su casa o el de una familia con un hijo menor, de 16 años, que ya perdió su casa en Sampaio y ahora está viviendo con otro de sus hijos.
Por eso, desde la Oficina de Intermediación se pide que no se vendan los 15 pisos que el Concello tiene en Rosalía de Castro y que el gobierno local y Xunta se pongan de acuerdo para tratar un tema delicado. La mayoría de los casos que pasan por la oficina, a la que los afectados acuden “porque por la vía de la Administración se sienten desvalidos”, es por hipotecas con cláusulas suelo o por hipotecas especialmente abusivas, con un 18% de intereses y períodos muy largos de abono.
