Exactamente, la deuda del conjunto de las administraciones públicas llegó en el primer trimestre, de este 2016 a los 1.095 billones de euros o, lo que es lo mismo, el 100,5% del Producto Interior Bruto (PIB)- es decir, todo lo que producimos en un año y un 0,5% más-.
Pese al aumento del IRPF, el IVA, los recortes en Sanidad, Educación, Bienestar, Pensiones, Igualdad, Dependencia, la deuda pública aumentó un 4,1% respecto al primer trimestre de 2015 y, además, la mayor parte de esa deuda, en concreto 962.147 millones de euros, corresponde a la Administración Central del Estado, la que gestiona directamente Montoro, como ministro de Administraciones Públicas. A ella hay que sumar la de la Seguridad Social, dependiente también del Gobierno central, que se eleva a 17.188 millones de euros.
Hay que recordar que cuando el ejecutivo Rajoy tomó posesión, en diciembre de 2011, la deuda era del 65% del PIB y la ha incrementado en un 35% o, lo que es lo mismo, en más de 355.000 millones de euros, más que el Gobierno Zapatero en dos legislaturas.
Este incremento de la deuda no ha evitado, inexplicablemente que poco menos del 30% de los ciudadanos españoles están amenazados por la pobreza, un porcentaje solo inferior, en Europa, al de Rumanía; que 840.000 niños menores de 10 años vivan ya en situación de pobreza crónica; que se hayan sacado más de 34.000 millones de la caja de las pensiones o que al término de 2015, durante sus cuatro años de gestión, se hayan producido en España más de 275.000 desahucios, más de 200 al día.
