La Audiencia Provincial de Lugo considera que la que la jueza Pilar de Lara ordenó escuchas telefónicas “desproporcionadas” en el marco de la Operación Pingüín, desarrollada en 2008 por la Guardia Civil que desarticuló una trama que operaba introduciendo cocaína en Galicia.
La Audiencia concluye que la jueza de Lara ordenó las escuchas telefónicas en un momento en el que los hechos tenían una “escasa gravedad”, por lo cual se anulan dichas grabaciones y todas las pruebas que estén basadas en las mismas.
En la operación, que como otras instruidas por De Lara no llegó a juicio oral, fueron detenidas 17 personas de A Illa, Lugo y A Coruña, diez de las cuales fueron acusadas por la Fiscalía que pide penas de prisión que suman 75 años.
Ahora, la Audiencia estima que De Lara se “inmiscuyó” en el ámbito de la intimidad de las comunicaciones, subraya que la cantidad de droga aprehendida en un coche, tras las grabaciones, era mínima y solo daría lugar a una multa y concluye que para que una autorización de estas escuchas, autorizadas por De Lara, fuese constitucionalmente legítima han de ser verificados unos indicios constatables por un tercero, no bastan afirmaciones de sospecha rubricadas por la policía; el órgano judicial ha de valorar los delitos a investigar.
Este tipo de ‘circunstancias’ no son ajenas a las actuaciones de esta magistrada, que ha dejado pasar, en algún caso, hasta 6 años después de imputar a varias personas sin haberlas juzgado aún.
Entre las investigaciones que dirige De Lara, además de la ahora conocida ‘Operación Pulpo’-, están la ‘Operación Cóndor’, en la que se ha visto implicado el gerente de Monbús, Raúl López; la ‘Operación Garañón’, que afecta al ex alcalde lucense, José López Orozco, al ex secretario general del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro y varios ex concejales de la Corporación de la capital; la ‘Operación Pokemon’, abierta hace cuatro años, en la que también ha estado imputado el ex alcalde lucense, el de Ourense y varios ex concejales, los ex regidores de Santiago, Gerardo Conde Roa y Ángel Currás, además de 7 concelleiros compostelanos, que fueron los únicos que llegaron a ir a juicio-después de haber dimitido- y resultaron absueltos por la Audiencia Provincial de A Coruña.
Además de todas ellas, la jueza De Lara-que según publicaron en su día varios medios de comunicación está casada con un dirigente del PP de Lugo– aún no ha concluido la ‘Operación Carioca’, abierta, en 2009, por proxenetismo, en la que también están investigados empresarios, miembros de los cuerpos de seguridad y cargos públicos.
