Pendiente de los servicios sociales y con el corazón en un puño porque se acerca lo inevitable, el desahucio. Así vive Nuria Rus, una mujer con tres hijos de 14, 17 y 21 años, el mayor con un trastorno psicótico reconocido como discapacidad, que ve con angustia cómo se acerca el 30 de octubre, fecha de tener que dejar el piso que tiene alquilado y que no puede pagar desde el pasado mes de febrero.
Con unos ingresos de 670 euros al mes entre la pensión de invalidez de su hijo y la manutención “embargada” al padre de los jóvenes “que dejaré de cobrar en menos de cuatro meses” no puede hacer frente a los 430 euros al mes que debe pagar del piso más las facturas que se van acumulando.
Este mismo jueves le cortaban el suministro de luz no por no pagar la factura, si no por no pagar la colocación del nuevo contador. Una situación a la que ha llegado según denuncia por una mala gestión de los servicios sociales, ya que “desde que llegó la carta con la notificación del corte se podía haber hecho algo”.
Sin derecho a Risga por pasar el mínimo contando la pensión alimenticia “que no debería computar”, el año pasado le concedieron el cheque social para el alquiler, 1.310 euros que fueron a parar al propietario. Este año también lo solicitó en mayo y, aunque no se han resuelo las peticiones, le han dicho que “se concederán menos que el año pasado porque hay mucha más gente. Y aunque me dieran 1.200 euros no me da para cubrir ni la mitad del alquiler que debo”.
“Si tengo que elegir entre pagar el alquiler y comer, prefiero que mis hijos coman. Yo puedo pasar sin comer o cenar, pero ellos no”, explicó. En septiembre pudieron hacerlo gracias a la asociación Afan, ya que “no me han dado ni ayuda para pagar los libros de bachillerato de mi hija, los he tenido que pagar yo, y no valen poco. Pero yo quiero que mi hija estudie”.
Nuria denuncia la poca colaboración que ha tenido por parte de los servicios sociales del ayuntamiento. “No me dieron solución ninguna, salvo que volviera cuando me desahuciaran. Y ahora me dan cita para el 28 de noviembre”, recalca, un mes después de quedarse en la calle.
Tampoco le han ayudado a encontrar un nuevo piso, ya que asegura que aunque ella buscó alternativas para realojarse en todos los sitios pedían aval bancario o fiador, fianza, seguro y varios meses de alquiler por adelantado, algo que los servicios sociales le aseguraron que no podían asumir.
Nuria se reunirá mañana con los servicios sociales de la Xunta de Galicia, donde no le dan más opciones que el bono alugueiro en el que se hacen cargo de la fianza y de dos años de alquiler “porque dicen que la Xunta no tiene pisos”.
