El mayor polígono industrial que va a tener Vigo, la Plataforma Loxística de Salvaterra- As Neves (PLISAN), beneficiará a más de medio millón de personas, pero entre ellas no están los propietarios de las tierras en las que se extenderá. El famoso Puerto Seco, que ha sido moneda con la que se han pagado promesas electorales de todos los partidos en todas las elecciones, a quien ha dejado secos, realmente, es a sus dueños. Ninguno de ellos, pese a los acuerdos de las administraciones, los compromisos de los presidentes de la Xunta, conselleiros, diputados y alcaldes, a los dictámenes jurídicos, las consignaciones presupuestarias y las sentencias favorables ha cobrado la indemnización a la que tienen derecho por el suelo en el que se asentará el que debería ser el primer centro industrial de Galicia y que hoy no pasa de ocupar un enorme agujero cerca de Portugal.
Para exigir sus derechos, los Afectados por la PLISAN inician un encierro en el salón de Plenos del Concello de Salvaterra el 23 de noviembre de 2009 en el que 400 personas se turnan día y noche para que el mismo no quede vacío en ningún momento. Alli pasan las Navidades, celebran fin de año, varios nacimientos, cumpleaños e incluso dan el pésame a la familia de uno de los vecinos fallecido en estos seis meses. El encierro se compatibiliza con protestas en actos públicos, reuniones con el presidente de la Diputación, la diputada por la provincia en el Parlamento de Galicia, dirigentes del Puerto, viejes a Santiago, manifestaciones, caceroladas, comparecencias y viejes del presidente de la Xunta, el conselleiro de Infraestructuras o los responsables de Zona Franca y del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
Surgen, entonces los ‘hombres del smoking’ que se dejan ver en lugares tan distintos como la sede de la Diputación, en Pontevedra, el edificio administrativo de San Caetanom, en Santiago, la sede de la Xunta en Vigo, la salida de la travesía del nadador David Meca, la Festa da Lamprea de Arbo o la inauguración de las humanizaciones de las calles Castrelos y Florida, en Vigo. En todas ellas se presentan vestidos de negro, con sombrero, maletín y sombrero reclamando lo que es suyo y pidiendo que la Administración les pague las cantidades que les debe: algo más de 7.700.000 €,una cantidad similar a la que el gobierno autónomo se gastará en pagar a los altos cargos este ejercicio.
Seis años y sin solución
La historia se inicia en 2004 cuando se plantea el proyecto y se inicia la aprehensión de terrenos; el primer problema es que el número de dueños y de fincas no coincide y del número inicial de 4.300 se acaba en 6.328; tampoco se especifica qué va a pasar con los derechos mineros sobre los áridos, utilizados en construcción, que hay bajo las tierras expropiadas: no se detalla si se pagará el mineral que deje de extraerse, a quién o cómo.
El asunto acaba en los tribunales aunque, paralelamente, se negocia con los afectados una posible solución y , en 2007, Touriño, que llevaba dos años al frente del gobierno autónomo hace una propuesta aceptada por los propietarios: cobrarán aquellos que hayan reclamado en tiempo y forma (quienes reclamaron a la Administración y delante de los tribunales) y otra que no lo es: los recursos mineros son de las empresas que extractoras y serán éstas las que deban pagar a los dueños de las fincas.
La Justicia, de su lado
En noviembre de 2008, la Justicia da la razón a los expropiados: existen recursos mineros en toda la PLISAN, los vecinos tienen que cobrar por los mismos y la Administración tiene que incluir ese importe en los expedientes de expropiación. Así se detalla en el convenio que firman con la Xunta, Puerto de Vigo y Consorcio de la Zona Franca en diciembre de 2008. La asamblea de propietarios sólo pone una condición: en lugar de entregarles los 7.700.000 € que se les deben por sus tierras en varios plazos se hará de una sola vez. El gobierno gallego acepta, pero no cumple su parte.
Feijóo toma posesión de su cargo después de que en la campaña electoral una de sus candidatas por Pontevedra, y hoy diputada en el Parlamento de Galicia, Marta Valcarcel, se comprometiese a pagar a los vecinos si su partido alcanzaba la Xunta. Pero el dinero no llega. La Asociación de Afectados se reúne con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien deja el asunto en manos del de Infrestructuras, Agustín Hernández quien, el 25 de agosto, asegura que no ve claro el convenio, que había obtenido el visto bueno de los servicios jurídicos, y pide que un informe legal externo. Semanas después comunica, por carta, a los propietarios que dicho informe no es concluyente y que, de nuevo, solicitará otro a los abogados de la Xunta.
Los vecinos, aprovechando la cercanía de las elecciones autonómicas, presionan, y se manifiestan en actos electorales del presidente Touriño, el vicepresidente Quintana, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas y la de Ordenación del Territorio, María Xosé Caride. Las movilizaciones surten efecto y en marzo de 2009 el Consello de la Xunta aprueba el convenio que se recoge en un decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia, en abril.
Piden ayuda a Marta Valcárcel, Arturo Grandal y Raúl Castro
En este momento, los vecinos deciden acudir a su diputada y a los alcaldes de Salvaterra, Arturo Grandal, y de As Neves, Raúl Emilio Castro, para que hagan valer su peso ante el conselleiro Hernández y el presidente Feijóo. Marta Valcarcel asegura que dará una respuesta a los afectados: esta no llega. Los mismos deciden encerrarse en el Concello de Salvaterra el día 23 de noviembre y Valcarcel asegura que tendrá una solución el día 26, pero no es así. Ella y los dos alcaldes informan que el problema es de Zona Franca, que no está de acuerdo con el pago, aunque la realidad es que las tres entidades recurren el decreto 84/2009 ante el Tribunal Supremo.
Puerto, Zona Franca y Xunta
El pago de las propiedades donde debería de estar ya funcionando la PLISAN se divide entre tres administraciones: la Autoridad Portuaria de Vigo, que debe satisfacer el 60,58% del total, 4.672.245 €; Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que asumiría el 21.125%, es decir, 1.629.270 € y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta de Galicia, que tiene que aportar 1.411.005 €, el 18,295%.
