Un ciudadano que corría por el monte con sus dos perros encontró este domingo una imagen macabra: Un perro carbonizado en el Parque Forestal de As Pedriñas, en el término municipal de Mos, en lo que parece un nuevo caso de maltrato animal extremo.
La persona, que divulgó dos imágenes del animal muerto a través de una conocida red social, explica en el texto que acompaña a las mismas que comunicó la situación a la Guardia Civil, quienes una vez allí comprobaron que el perro no tenía microchip identificador.
Después de conocer estos hechos a través del mismo canal digital, la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han anunciado la activación de su tercera recompensa económica, de 1.000€, para “quienes ofrezcan o faciliten datos fiables que permitan dar con el autor de este brutal acto de crueldad hacia los animales, toda vez que los agentes desplazados certificaron que el animal no había sido abrasado en el lugar donde se localizó”.
Los animalistas han advertido un incremento de la violencia hacia los animales desde comienzos de año, con casos como una perra tiroteada en Verín (Ourense), a la que tuvo que someterse a eutanasia a causa de la gravedad de las heridas, un gato también quemado vivo en Baiona o un perro masacrado a golpes en Cervo.
Estos sucesos, a juicio de los colectivos en defensa de los animales, ponen sobre la mesa una realidad que en Galicia ha estado prácticamente oculta, gracias al “pacto de silencio” existente en los entornos de los maltratadores de animales, y que ahora parece salir a la luz gracias a personas anónimas que se atreven a denunciar los hechos.
FFW y LIBERA! han instado a la Xunta y al Concello de Mos a poner todos los medios necesarios para esclarecer este caso de sadismo animal, al que estas entidades contribuirán con la gratificación, para tratar de “incentivar” soplos sobre el responsable de haber quemado, con resultado de muerte, al perro.
Su autor podría enfrentarse a sanciones de hasta 30.000€ según la Ley de Bienestar Animal de Galicia, o por la vía penal, donde se contemplan penas de prisión de hasta un año e inhabilitaciones para oficios, comercio o tenencia de animales por un máximo de 36 meses.