La derecha extrema propone que los vigilantes de seguridad sean considerados agentes de la autoridad, ya que “carecen de este estatus que les protegería jurídicamente en caso de ser atacados o agredidos en el ejercicio de sus funciones”.
La formación de ultraderecha-que propone, entre otras medidas, la derogación ley de violencia de género; acabar con el defensor del pueblo, cerrar mezquitas, poner muros en Ceuta y Melilla o deportar a los inmigrantes, legales e ilegales- entiende que “hay que valorar que muchos de sus quehaceres en el ámbito de la seguridad privada se desarrollan de noche, en fines de semana y en lugares donde hay grandes concentraciones de personas y de ocio”.
A su juicio, todo esto “supone un plus de esfuerzo y dedicación por parte de los vigilantes de seguridad que no gozan de protección jurídica alguna”.
