La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han propuesto que la red de Escuelas Infantiles del Concello de Vigo, así como las dependientes de la Xunta y centros concertados, comiencen a ofrecer a partir del próximo curso una opción 100% vegetal en sus respectivos comedores, “para dar respuesta a una realidad social creciente”.
Según una encuesta de la consultora Lantern realizada en 2017 y 2018, el número de personas que se declaran ‘veggies’ aumentó hasta representar al 9,9% de la población española, evidenciando que cada vez más personas optan por esta alimentación, “algo a lo que todavía no da respuesta la administración en espacios como los comedores públicos”.
Los animalistas y ambientalistas reclaman que los centros municipales, empresas concesionarias o la gestión directa puedan elaborar un menú nutricionalmente equilibrado pero excluyendo alimentos de origen animal, como la carne, un modelo alimentario y ético, que está avalado por las organizaciones más numerosas de nutricionistas, como la Academia Americana de Nutrición y Dietética (AAND) o su homóloga canadiense.
Diferentes poderes públicos, como la ciudades de Nueva York y de Los Ángeles han anunciado la posibilidad de seguir una alimentación saludable y 100% vegetal en los centros educativos de titularidad pública, “mostrando también una sensibilidad creciente por mitigar los efectos del cambio climático y de la megaproducción cárnica, responsable del 18% de la emisión de determinados gases de efecto invernadero, como señala un informe de la FAO titulado “La larga sombra del ganado”.
LIBERA! y FFW recurrieron al Defensor del Pueblo, del que esperan una respuesta positiva que desmonte la rigidez con la que la Xunta ha dado respuesta a las primeras peticiones, alegando que no existe una Ley que obligue a prestar una igualdad de derechos en el acceso a la alimentación en centros educativos siguiendo los criterios que sí se aplican, por ejemplo, en Euskadi con su menú escolar vegetal.
Ahora esperan que el Concello de Vigo responda a esta petición formal, entendiendo que “se trata de una proposición que no supone coste adicional y que facilita el acceso a la educación infantil y al comedor escolar en igualdad de condiciones”.
