Un 77% de los gallegos con movilidad reducida precisa de ayuda para salir de sus casas y cerca de 6.000 -un 3%- no sale nunca.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’ elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) con el objetivo de conocer la situación en la que viven los 207.300 gallegos que tienen movilidad reducida.
De acuerdo con el informe, un 44% de este grupo social en Galicia pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen.
El 35% considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.
“En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio”, afirma la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.
Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, hace hincapié en que “es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio”.
El estudio desvela que un 58% de los encuestados gallegos tiene problemas de movilidad sin ser usuario de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador…) o simplemente porque tienen una deambulación de forma inestable; y que el 35% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.
“La importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos que no detectan la necesidad inmediata”, explica Queiruga.
