Bomberos de Vigo calificaron el decreto municipal, anulado por la justicia, como “esclavista, vulnerador de derechos y nulo legalmente”.
A juicio de los representantes de los profesionales- que están en huelga desde el pasado 14 de agosto- la sentencia confirma que “las medidas contempladas no decreto aprobado de febrero por el Gobierno local de manera unilateral, infringen la normativa europea sobre tiempo de trabajo, la legislación sobre prevención de riesgos laborales y la realización de horas extraordinarias, además de que imposibilitan el derecho a conciliar la vida laboral y familiar”.
Para los bomberos la sentencia demuestra que el decreto municipal se basaba en una mentira: “la falta de efectivos no es puntual sino ordinaria porque en los casos extraordinarios siempre acudimos sin que nos tuvieran que llamar”.
No pueden cumplirse los servicios mínimos por falta de bomberos
Los representantes de los Bomberos indicaron en rueda de prensa que desde el inicio de la huelga, hace ya mes y medio, “ni un solo día fue posible cumplir con los servicios mínimos por falta de efectivos”.
A su juicio, esto debería de “avergonzar” al Gobierno local dado que no está garantizando un “servicio esencial para los ciudadanos como la atención de emergencias”.
Compensar las horas extras con descanso
Los bomberos subrayan que el decreto permitía a los mandos suspender los descansos si fuese necesario para cubrir con el número mínimo de profesionales para garantizar el servicio lo cual suponía, subrayaron, “imponer unas condiciones de esclavitud” causando “numerosas bajas” por problemas médicos.
Como indica la sentencia, enfatizaron los representantes de los trabajadores, compensar con tiempo de descanso es la única manera de “preservar la prolongación de la vida laboral, dado el desgaste físico y psíquico que conlleva esta actividad y para reducir el riesgo de poder tener un accidente o enfermedad laboral”.
A su juicio, “cada vez que nos obligan a prolongar nuestra jornada sin darnos descanso nos están quitando tiempo de vida”.
Responsabilidades penales…
Por lo que se refiere a la aprobación y puesta en práctica del decreto, los representantes de los Bomberos señalan al entonces concelleiro de Seguridade Carlos López Font , por lo cual no descartan iniciar acciones penales por la “reiterada vulneración de los derechos de los trabajadores y el posible delito de prevaricación”.
A esto hay que añadir el dictamen de la Inspección de Trabajo sobre el mencionado decreto que, a la vista de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso, “esperamos que nos dé la razón”.
…y responsabilidades políticas
Delante del ‘tortazo’ que supone la resolución judicial, muy crítica con el proceder del Gobierno local, los bomberos consideran que la concelleira de Seguridade, Elena Espinosa, “no puede seguir manteniendo su postura de soberbia y, por el bien de los ciudadanos de Vigo es necesario iniciar de manera urgente una negociación para resolver este caos”.
