Vigo se convirtió en “la ciudad más litigante de España” en el tercer trimestre del año con la entrada de 12.947 casos en sus juzgados.
Así lo indica un informe realizado por el Colegio de Procuradores de Vigo que analiza la situación judicial viguesa en comparación con otras 9 ciudades españolas similares.
22.268 asuntos sin resolver
Vigo se encuentra también entre las ciudades con un mayor atasco judicial, solo por detrás de Bilbao y Alicante. Los casos sin resolver aumentan en el municipio un 15,8% en lo que va de año (enero – septiembre 2020) hasta
los 22.268 asuntos.
Tras el parón provocado por la crisis del coronavirus, los juzgados se
reactivan aunque todavía en niveles por debajo de 2019. En lo que va de
año, los procuradores vigueses gestionaron 77.443 escritos, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
4,4 asuntos por habitante
El informe realizado por el Colegio de Procuradores de Vigo pone el foco
en los juzgados de ciudades entre 250.000 y 350.000 habitantes. La ciudad
más litigante de España cuenta con una tasa de 4,4 asuntos ingresados
por habitante, muy por encima de otras como Alicante, Córdoba, A
Coruña o Bilbao que registran tasas de entre el 3,8 y 2,5.
El atasco en Vigo alcanza en cifras históricas, con 22.268 asuntos sin
resolver, un 51,7% más que en 2017. El ritmo al que se acumula el atasco
vigués, con un aumento del 15,8% en los primeros nueve meses del 2020
supera casi 7 puntos su evolución en Galicia, donde crece un 9,1%. El avance de los casos sin resolver entre enero y septiembre es del 11,7% en
todo el territorio español.
“Somos la ciudad con más juzgados entre las de nuestro tamaño,
resolvemos casos al mismo ritmo que el resto de España, pero el atasco
no deja de crecer sin que la llegada de nuevos juzgados o medidas que
lo palien. Debemos introducir nuevas fórmulas en el sistema judicial para
agilizar su funcionamiento de forma real” explica José Antonio Fandiño,
decano del Colegio de Procuradores de Vigo.
Procurador ejecutivo
El Colegio de Procuradores de Vigo, siguiendo la iniciativa desarrollado
por el Consejo de Procuradores de España, impulsa desde hace dos años
la creación del procurador ejecutivo: un nuevo operador jurídico que
sumaría 9.983 profesionales a la administración de Justicia para
acelerarla sin coste para el Estado.
La propuesta sigue el modelo implantado en Portugal en la última década que ha permitido reducir ya al 50% los tiempos de resolución de casos.
El procurador ejecutivo sumaría a las funciones actuales de los
procuradores la ejecución de embargos y diligencias, así como el acceso
al punto neutro de información bajo control judicial. Para la puesta en
marcha del nuevo operador tan solo sería necesaria una modificación
legislativa que otorgue las nuevas funciones a los procuradores, que ya
disponen de la experiencia y conocimientos para desarrollarlas.
