El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, ha citado a declarar al ex concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, y el jefe de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Concello, Antonio Vivero Mijares, como responsables del decreto municipal que “obligaba a los Bomberos de Vigo a trabajar en días de descanso”.
Los delegados de la CIG en este servicio denunciaron, judicialmente, en agosto del año pasado, lo que entendían que era una decisión que podía suponer la comisión de un delito contra la salud, los derechos de los trabajadores y prevaricación administrativa.
Es por ello, informa la propia central sindical, que ambos deberán comparecer este viernes, día 22, después de que el contencioso administrativo, anulase ese decreto, una decisión ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Responsabilidades penales
Pese a la anulación del decreto, a juicio de los representantes sindicales, la decisión de ambos cargos municipales “podía suponer responsabilidades penales, puesto que nos obligaba a trabajar por decreto los días de descanso, cuando realizamos una actividad muy peligrosa en la que los descansos entre servicios son muy importantes”.
De hecho, aseguran desde la CIG, la imposición del decreto provocó que el personal tuviese, incluso que “doblar turnos, trabajando 48 horas seguidas“ y que en algunos casos se realizasen “más de 600 horas de servicios en los casi dos años que el decreto estuvo vigente”.
Esto fue así, indican los delegados, “porque el Concello siguió aplicando el decreto después de la sentencia que lo anulaba, incluso después de que la ratificase el Tribunal Superior de Galicia”, por lo que “tuvimos que instar a su ejecución para conseguir que se retirase”.
Huelga indefinida
La respuesta a este decreto fue una huelga indefinida de los Bomberos que duró casi 2 años en los que, además de las movilizaciones, se inició una “ofensiva judicial” contra el Concello aunque, aseguran desde la central sindical, “lo más escandaloso es que el Gobierno lo cal nunca se sentó a negociar el decreto, ni antes ni después de las sentencias y siguió aplicándolo para ganar tiempo ante la evidente falta de personal en el servicio”.
En esta mismo línea, recalcan los representantes de la CIG, “tampoco negociaron nunca los servicios mínimos de la huelga, que los tribunales anularon, también“.
