El Tribunal Superior de Londres autorizó este martes al periodista Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a recurrir su extradición a los Estados Unidos, país que pretende juzgarlo por espionaje, tras desvelar crímenes de guerra cometidos por responsables estadounidenses.
Así el alto tribunal británico ha dictaminado que Assange puede seguir con su apelación en una vista completa, a menos que Estados Unidos ofrezca “garantías satisfactorias” sobre las cuestiones de si podía ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y si podían condenarle a muerte.
12 años de persecución
Assange lleva 5 años recluido en la cárcel más vigilada del Reino Unido y desde el 19 de junio de 2012 al 11 de abril de 2019 estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres. El presidente Correa le concedió protección en la legación ecuatoriana y su sucesor, Lenin Moreno, se la retiró, permitiendo que la policía inglesa lo detuviese.
Nada se sabe de su estado de salud ni de sus condiciones de vida. Sí que se conocen todos los intentos, incluyendo acusaciones sin demostrar, para hacer lo que quieren los Estados Unidos: condenarlo, en el mejor de los casos, a cadena perpetua.
Decenas de crímenes de guerra
El aún presidente Joe Biden no duda en calificarlo de terrorista, pero ya en abril de 2015 Assange reiteraba que todo es una cortina de humo y calificaba de “vergüenza“, que “Estados Unidos esté realizando esta investigación, la más grande realizada en la historia, contra una organización periodística”. A su juicio, esa vergüenza es aún mayor considerando “la total impunidad que tienen los líderes políticos y militares responsables de atrocidades”, como revelan miles de archivos que han salido a la luz, como pudo verse, en imágenes, en el vídeo ‘Collateral Murder” en el que se muestra a un helicópero Apache disparando a civiles desarmados en Bagdad o, sin ir más lejos, en el asesinato del periodista José Couso, por el cual nadie responderá jamás.
“Ellos no deben dar cuentas a la justicia por lo que han hecho o por las órdenes que han dado, y por eso no pueden decir que otros debemos responder por informar de ello, argumentando que todos somos iguales ante la ley”.
