Duro varapalo del Tribunal Supremo a Audasa, concesionaria de la AP-9. El alto tribunal ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa contra el acuerdo de Consejo de Ministros que rechazaba su petición de compensación por las pérdidas durante la pandemia.
De 46 a 28 millones de compensación
Así, Audasa que reclamaba, en un principio, 46,1 millones y que rebajó esa cantidad a 28,5, argumentaba que las medidas adoptadas por el Gobierno eran inconstitucionales; que constituían una discriminación que llevaba a la pérdida de derechos consolidados. Asimismo, aseguraba en su recurso, que la norma que regulaba las compensaciones por pérdidas durante el COVID era restrictiva en lo que se refería a las condiciones para acceder al reequilibrio económico.
Rechazo total
El Supremo, por el contrario, rechaza completamente estos argumentos. En primer lugar, niega que las normas dictadas por el Gobierno fuesen inconstitucionales; también subraya que la concesión de Audasa no puede servirse de los mecanismos de reequilibrio, dado que ni el propio contrato de concesión ni la ley reconocen dicho reequilibrio de manera general.
Asimismo, el Tribunal Supremo estima que en modo alguno puede admitirse que la “pérdida de ingresos durante un breve período” altere la economía de Audasa o impida que siga con la concesión. Y en este punto el alto tribunal es terminante: “el fundamento de ese reequilibrio no consiste en que el concesionario gane siempre lo que él quiere”.
La crisis afectó a toda la población
En esta línea, la sentencia explica que la pandemia y la crisis afectaron a toda la población y a la actividad económica, sin que las pérdidas fuesen reparadas para el resto de contratos y advierte de que Audasa “confunde el interés público con el interés de su empresa y sus empleados”.
Además, el Supremo recalca que “no puede confundirse la imposibilidad con la dificultad de ejecutar el contrato”, indicando que mientras la concesión se extiende a lo largo de años, la situación creada por la pandemia duró unos meses.
Un pozo sin fondo
Hay que recordar que la concesión de la AP-9 a Audasa se ha prorrogado dos veces, la primera en 1994, por parte del gobierno de Felipe González, que extendía la misma hasta el año 2023, y la segunda, en el año 2000, por el gobierno de José María Aznar, que ampliaba la concesión hasta el año 2048, prórroga que entró en vigor el año pasado y que se denunció ante la Comisión Europea.
En este tiempo Audasa siempre ha tenido ganancias. Así, en 2020, cuando se produjo la pandemia, estos beneficios fueron de algo menos de 40 millones de euros (un 27% menos que el año anterior); en 2021, se acercaron a los 51 millones -muy por encima de los 42 millones de 2019, antes del COVID-.
En 2022, llegaron a los 66 millones, y el pasado 2023 batieron todas las marcas al establecerse en 82,6 millones, más del doble que tres años antes.
