Amnistía Internacional remitió hoy una carta a Ana Ortiz, delegada de a Xunta en Vigo, para pedirle un plan de choque y medidas urgentes para garantizar el acceso al derecho a una vivienda en la ciudad, “donde está produciéndose una situación de emergencia”.
Ausencia de vivienda social
Isabel Flores, coordinadora de Amnistía Internacional en Vigo, asegura que “el caso de las familias afectadas por el incendio de Alfonso X en octubre pasado, que que en los últimos meses estuvieron viviendo en hostales pargados por el Concello de Vigo y que, ante el fin del amparo municipal, deberán abandonar los hostales el próximo 2 de mayo, sin una alternativa habitacional, ejemplifica el problema. Se trata de la ausencia de vivienda social pública para que el Estado pueda facilitar una alternativa habitacional adecuada a toda personas desahuciada”.
Por ello, subraya Flores, “reclamamos á Xunta que incremente sustancialmente el parque de vivenda social para que en esta legislatura pase del 3,85% de 2019 al 15%, a media de los países de nuestro entorno“.
78 desahucios en el primer trimestre de este año
Amnistía Internacional apunta que, de acuerdo con los datos de la Oficina de Notificacións y Embargos de los juzgados de Vigo, entre 2022, y hasta mazo de de 2024, hubo 762 demandas de desahucios (91 en el primer trimestre de 2024), de las que se ejecutaron 756 (de ellos, 78 en los tres primeros meses de 2024). En toda España, de enero a septiembre de 2023 se produjeron más de 19.000 lanzamientos, 14.344 de ellos por impago del alquiler.
Amnistía solicita una reunión con la delegada de la Xunta para hablar de soluciones, como las que se apuntaron en dos cartas enviadas en octubre y diciembre pasados. En ellas Amnistía Internacional pedía al Gobierno de Galicia que:
- Adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar que ningún desahucio deja a ninguna persona en la calle, incluyendo la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que las 43 vivendas da Sareb disponibles en Vigo se destinen, inmediatamente, a alquiler social.
- Reforzar los recursos y programas existentes con un protocolo específico de actuación en casos de desahucio, bien sea por impago hipotecario o por alquiler, que permita asegurar que toda persoa desahuciada dispone de una alternativa adecuada, que deberá ser pública, en el caso de que otra solución no esté dispoñible, garantizando una vivenda alternativa a persoas sin recursos.
- Además de estas cuestiones, y dado el limitado efecto de las medidas adoptadas (como los bonos alquiler y ayudas a la financiación d ela compra de vivienda), impulsar el control de precios de alquiler y de las viviendas de uso turístico.
- Elaboración, con la organizaciones especializadas y con los colectivos afectados, de un plan plurianual que establezca un porcentaje anual de incremento progresivo del parque de vivienda social.
- Garantizar un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales, incluyendo el alquiler social.
- Establecer un calendario para conseguir, lo más pronto posible, en la presente legislatura, el objetico del 15% del estándar europeo del parque municipal de vivenda social.
