Valencia será la tierra de las flores de la luz y del amor, pero no para el Partido Popular. Hoy mismo el fiscal anticorrupción ha pedido para el presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, una pena de 15 años de cárcel y el pago de una indemnización de 2,3 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho.
El ‘caso Fabra’, también afecta a la mujer del propio Fabra, Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su mujer, Monteserrat Vives que, según obra en el sumario que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, podrían tener que pasar en prisión entre cuatro y ocho años.
En su escrito de acusación, el fiscal indica que Fabra intermedió en reiteradas ocasiones a favor de empresas de Vilar y de su mujer, en especial en la tramitación de licencias para lo cual se reunió con el entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez, el director del gabinete de Presidencia,, Alfredo Timermans y con la mismísima ministra de Sanidad, Celia Villalobos. Todo ello para que dichos permisos, que se solicitaban para instalaciones sanitarias, “se agilizasen”.
La Fiscalía, que se remonta al año 2000, sostiene que en abril de aquel año Carlos Fabra creó la sociedad Carmacas SL, de la que era administrador y dueño del 90% de participaciones sociales, para ocultar los pagos realizados por Vilar.
Asimismo, según datos de la contabilidad del propio presidente de la diputación, entre 1999 y 2004, éste cometió un delito continuado de fraude a la Hacienda Pública con ingresos no declarados que suman, en su caso, más de dos millones y en el de su esposa, 1.589.676 €.
