La Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel Hernández de Elche, tendrán que pagar, se manera solidaria, 1.500 € al mes a un niño que nació con Síndrome de Down, después de que se realizase a su madre una amniocentesis cuyos resultados se basaron en una muestra perteneciente a otra persona. Además, el Gobierno de Valencia tendrá que indemnizar a la familia del pequeño con 150.000 €, tal y como ha dictaminado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.El alto tribunal no tuvo en cuenta la alegación de la Generalitat que aseguró que sólo se podía indemnizar “en los supuestos de edades genéticas con error de diagnóstico al daño moral de privar a la madre de la posibilidad de decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo”.
