El Grupo Municipal Popular ha solicitado al gobierno local que justifique varios gastos aprobados por la Xunta de Goberno Local que no han sido fiscalizadas por el Interventor Municipal. Habitualmente, para realizar un gasto el gobierno debe indicar el concepto y el total de la partida, ésta es remitida al interventor que, además de confirmar que hay crédito para hacer el pago, puede solicitar documentación adicional o pedir a la Xunta de Goberno que subsane algún error.
En el caso de que no se someta a la consideración del interventor, un proceso que el equipo de gobierno ha utilizado para dar el visto bueno a partidas que suman 23 millones de euros, el expediente de gasto debe volver a la Xunta Local que mediante un proceso llamado convalidación, autoriza los pagos correspondientes. Este sistema se utiliza, especialmente, cuando sea necesario prorrogar un servicio sin que se haya renovado el contrato con la empresa que presta el servicio y la concesionaria y reconocimientos extrajudiciales de crédito.
El gobierno local ha prescindido del visto bueno del interventor en estos casos: 7 expedientes de limpieza de las dependencias municipales, 11 expedientes de limpieza de túneles, 12 de mantenimiento de parques forestales, 5 de los servicios del Verbum, 17 de servicios y trabajos en el Mercado del Progreso, 4 de mantenimiento del campo de Balaidos, 3 de seguros de vida, responsabilidad civil y vehículos, 1 expediente de la unidad asistencial de drogodependencia, 1 del servicio de lanzaderas de la Universidade y 14 expedientes de distintos servicios, todos, 75, corresponden a indemnizaciones sustitutivas.
A ellos hay que añadir 23 expedientes de comercio y turismo, 6 de fiestas, 3 de tenencia de alcaldía, 4 de servicios generales, 1 de medio ambiente, 1 de xuventude, 1 de administración general para el mantenimiento de ascensores, 1 de patrimonio histórico, 1 de asesoría jurídica, 1 de Alcaldía, 3 de saneamiento y abastecimiento de Zamáns y 2 de Turismo, en total 47, que corresponden a reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Todos estos expedientes, 122, han sido reclamados por la oposición para conocer su tramitación y facturas, plazos de pago y sistema de aprobación sin que el gobierno local los haya remitido a los concejales que los han pedido, algo a lo que obliga la legislación vigente.
