Son mujeres víctimas de violencia de género que han conseguido que un juez les conceda una orden de protección supervisada por la Policía Nacional y Local. Más de 300 viguesas disponen de una, aunque a ellas hay que sumar otras 22 que aunque no disponen de orden son vigiladas por el alto riesgo que corren. Ellas serán las primeras en beneficiarse de la incorporación del Concello de Vigo, junto a otros 11 ayuntamientos más de Pontevedra, al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior, hecho oficial hoy con la firma de un convenio entre Caballero y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
A través de una aplicación informática que integra la información y los recursos operativos para asistir a las víctimas, desde 2007 ya se han atendido en toda España a más de 193.000 mujeres, casi un 6% de ellas en Galicia, y casi la mitad de ellas en la provincia de Pontevedra. Al sistema, que actualmente cuenta con 30.000 usuarios, se suman ahora los concellos de A Estrada, Baiona, Bueu, Caldas, Lalín, Marín, O Grove, Pontevedra, Redondela, Sanxenxo, Vilagarcía y Vigo.
Ahora los concellos deben adecuar sus sistemas informáticos para permitir las conexiones necesarias, ya que los usuarios ya han recibido la formación pertinente. Mientras, una comisión técnica de seguimiento integrada por tres representantes de cada una de las partes hará un seguimiento del desarrollo del sistema.
Cómo valorar el riesto
La valoración del riesgo de la víctima de violencia de género se realiza a través de una herramienta construida a partir de 40.000 casos reales y validada por un equipo de catedráticos universitarios y especialistas de la Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. Con ella, los especialistas policiales determinan el riesgo de la víctima de sufrir una agresión, diferenciado en cuatro niveles: extremo, alto medio y bajo. Estos niveles se revisan de forma periódica (a las 72 horas en el caso del extremo, 7 días en el alto, 30 días en el medio y 60 días en el bajo), y también cuando lo disponga la autoridad judicial o el fiscal, o existan nuevas circunstancias que afecten a la víctima o al agresor.
