A pesar de que los expertos auguran una salida pronta de la crisis, el número de desempleados sigue creciendo, rozando los 5 millones de parados a nivel nacional, y las empresas optan por hacer sinergias para ahorrar costes. Y en muchos casos esto acaba en un Expediente de Regulación de Empleo. En los dos primeros meses del año en Galicia se formalizaron 3.111 EREs, un 0,4% más que el año pasado, lo que convierte a la comunidad gallega en una de las que tiene más personas afectadas.
De entre los 44.404 trabajadores que han tenido que pasar por este proceso, la mayoría (48%) ha sufrido una suspensión temporal de sus contratos, mientras que el 34% vio cómo le reducían la jornada y el resto, un 17,6%, acabó en la cola del paro. Más de un tercio de estos expedientes tuvieron lugar en el sector industria y servicios, los más afectados.
Lucha contra el empleo sumergido
Mientras, tras los últimos datos sobre economía sumergida en el país, con 4.700 millones generados en negro sólo en empleo en la comunidad gallega, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para intentar acabar con el empleo sumergido en el que se quintuplican las sanciones, pasando de un mínimo de 626 euros a 3.126 para la empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social. Mientras, si la empresa tiene un trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos en negro tendrá que enfrentarse a multas de entre 10.000 y 187.000 euros.
