Perder las elecciones no está tan mal, sobre todo si has sido presidente de una de estas Comunidades Autónomas: Castilla- La Mancha, Extremadura, Valencia, Cataluña, Euskadi, Galicia, Castilla- León y Andalucía, que ponen a disposición de sus ex presidentes oficinas, protección, medios, coches oficiales y, por supuesto sus correspondientes presupuestos y sueldos. En el País Vasco, los tres ex lehendakaris, Carlos Garaicoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe, cuentan con despachos, el primero en Pamplona y los otros dos en Vitoria, además disponen de secretaria, que han elegido ellos mismos, coche oficial, chófer y un retiro mensual.
En el caso de Extremadura su Parlamento garantiza a los ex presidentes, de momento sólo hay uno, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, una oficina, el tratamiento de “presidente” y una asignación mensual, así como dietas, indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados por asistencia a actos en los que representan a la Comunidad.
Cataluña cuenta con tres oficinas de ex presidentes de la Generalitat: la de Jordi Pujol, creada a finales de 2003; la de Pasqual Maragall, abierta en 2006; y la de José Montilla, que entró en funcionamiento a finales del pasado año. Los honorables perciben por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual del 80% de la retribución mensual que corresponde al cargo de president de la Generalitat, pero cuando llegan a los 65 años esa asignación se reduce al 60% (alrededor de 92.000 € anuales) .
En Andalucía y la Comunidad Valenciana, el estatuto de los ex presidentes regula medios materiales y personales para el sostenimiento de una oficina si así lo solicitan, si bien en la actualidad ninguno de ellos lo ha reclamado, quizá porque Rafael Escuredo y Rodríguez de la Borbolla han optado por hacer lo que debían: volver a su profesión, el primero en su despacho de abogado y el segundo en la Universidad de Sevilla…a Manuel Chaves no le hace falta ya que es vicepresidente tercero del Gobierno.
Tampoco han hecho uso de estas prerrogativas los ex presidentes de la Generalitat Valenciana: Joan Lerma es senador, Eduardo Zaplana trabaja como consejero de Telefónica y José Luis Olivas es presidente de Bancaja.
En Castilla-La Mancha los ex presidentes tienen derecho a una oficina, pero sólo Bono, que preside las Cortes, la usó; el recién desalojado, José María Barreda, ha anunciado que renunciará a todas las prerrogativas como antiguo mandatario, prerrogativas que ya se le han agotado al crítico Joaquín Leguina, en Madrid que, eso sí, sigue ejerciendo como miembro nato del Consejo Consultivo. Gallardón no ha tenido tiempo de disfrutarlas, pues desde la Presidencia de la comunidad pasó a la Alcaldía de la capital en donde, a la vista de su nueva mayoría, parece que se jubilará.
Aunque quizá el ejemplo que debería seguirse es el de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja y Navarra: sus ex presidentes, por muy ex presidentes que sean, no cuentan con oficina y sólo les queda el tratamiento de “excelentísimo“, que no cuesta dinero, por lo cual, tras su paso por el poder vuelven a ser lo que son: ciudadanos corrientes y molientes a los que no les queda otra que trabajar para vivir.
