JOSÉ MANUEL PENA/ Los millares de personas indignadas, conocidas como los acampados en la Puerta del Sol de Madrid, trasladan públicamente unas reivindicaciones concretas para la regeneración de nuestro sistema político y económico. Unas propuestas justas y democráticas que nos agradan a muchos ciudadanos y que ya va siendo hora de constituir alguna plataforma social u organización política para que, parte de esas demandas, entren a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y se llegue a avanzar en la necesaria justicia social.
Seguro que la mayoría de ciudadanos estamos con defender el derecho a la vivienda, como un bien fundamental y de primera necesidad para cualquier persona, y por lo tanto con que se articulen medidas para facilitar la expropiación, por parte del estado, de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido. Así como que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.
También queremos que se equipare el salario de los representantes políticos electos al salario medio español más las dietas necesarias e indispensables para el ejercicio de sus funciones. Así como eliminar los privilegios de la clase política en relación al control estricto del absentismo; a la eliminación de la inmunidad asociada al cargo y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; la publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos y la deducción de los cargos de libre designación.
En relación al control de las entidades financieras, la mayoría de ciudadanos seguro que votaríamos a favor de la prohibición de la inversión de bancos españoles en paraísos fiscales; la devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado y regular las sanciones para los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.
