Es perfectamente posible ya que bastaría convocarlo con un mes de antelación, podría coincidir con la campaña de las Elecciones Generales y bastaría colocar en las mesas electorales una, junto a las de el Congreso y el Senado. Izquierda Unida, UPyD, Coalición Canaria y el BNG han reclamado e se consulte a los ciudadanos sobre la propuesta de PSOE y PP de reformar la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria en la Carta Magna.
Hay un problema, entre todos estos partidos no llegan a los 35 diputados o 26 senadores que forzarían la celebración de la consulta, pero sí en el caso de que se sumasen a ellos los diputados o senadores de Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y los representantes del PSOE que pertenecen a la corriente Izquierda Socialista o al Partis dels Socialistas de Catalunya (PSC).
La Ley del Referéndum de 1980 impide celebrar una consulta en el período comprendido entre los noventa días anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebración de unas elecciones parlamentarias, con la excepción precisamente de un referéndum de reforma constitucional, que sería este caso.
El decreto de convocatoria del referéndum debería de contener el texto de la reforma constitucional, la pregunta a la que los ciudadanos deberían responder ‘sí’ o ‘no’ y determinaría la fecha de celebración de la votación, que debería producirse entre los treinta y los ciento veinte días posteriores a la fecha de publicación en el BOE.
Además, la ley habla de una campaña de propaganda no inferior a diez días ni superior a veinte, con lo que podría hacerse coincidir con los 15 días de la campaña electoral.
