“Ante la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo puntualizar que lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas”. “Informo, asimismo, que he designado asesor jurídico y portavoz a Don Mario Pascual Vives, letrado del Colegio de Abogados de Barcelona, que será la persona autorizada a hablar en mi nombre”. Esta es la declaración hecha pública este sábado por Iñaki Urdangarín que, en contra de lo que se publicó los días pasados, no ha renunciado a su condición de miembro de la Familia Real.
Mientras el yerno del Rey difundía esta declaración, los últimos informes, conocidos, de la Brigada Antiblanqueo, de Hacienda y de Anticorrupción sobre las supuestas ganancias del Duque de Palma y su socio, Diego Torres, no mejoran su situación. Según los documentos de la denominada ‘pieza 24’ del caso Palma Arena’, Urdangarín y Torres manejaban, supuestamente, alrededor de un centenar de empresas que habrían obtenido rentabilidades inexplicables en el marco del mercado del momento en el que operaban.
Las primeras estimaciones apuntan a que el duque de Palma, desde que en el 2004 se ha habría hecho con un patrimonio personal muy superior a los once millones de euros. A su nombre tendría un palacio de 8 millones de euros en Barcelona, más 1,3 millones, que es la valoración de cinco pisos en Palma y otro en Tarrasa, dos garajes y un trastero. A ello habría que sumar 1,8 millones de los activos de sus sociedades.
Las sociedades de Urdangarín y Torres habrían facturado cerca de 16 millones de euros en los últimos nueve años, de los que más de 6,4 millones vinieron de entidades públicas. Casi la mitad de esos 16 millones, procedentes de 103 pagadores diferentes, fueron captados por la Fundación Nóos, creada sin ánimo de lucro, y que Urdangarín presidió hasta el 2006.
La facturación cruzada entre la ONG y las nueve empresas que investiga el juez del caso Palma Arena, José Castro, habría reportado directamente a las arcas de esas firmas no menos de 8,8 millones de euros. Las dos ’empresas satélites’ controladas directamente por el Duque de Palma, Nóos Consulting y Aizoon , facturaron en sus mejores años, 3,4 y 1,5 millones: una parte importante de ese dinero eran facturas a la propia fundación sin ánimo de lucro.
